Después de la acumulación de proyectos de energías renovables que pedían permiso para volcar en la red eléctrica toda la electricidad que generan con el viento o el sol, le ha llegado el turno a empresas y grandes proyectos como los centros de datos, la producción de hidrógeno o el almacenamiento, que demandan mucha electricidad y requieren un acceso a la red eléctrica que, como en el caso de los productores, corre el riesgo de saturarse por proyectos que, en algunos casos, no lleguen nunca a hacerse realidad. Para evitarlo, el Ministerio para la Transición Ecológica acaba de fijar un plazo de cinco años entre el momento en que un gran consumidor de electricidad pide acceso a la red eléctrica para poder abastecerse y la firma un contrato de suministro para ello. Si supera este plazo, perderá ese derecho, que pasará a otra compañía o proyecto.
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