El sector de las gasolineras sigue a medio gas y, “en el mejor de los casos, funcionando al 75% de la demanda anterior a la crisis sanitaria”, indica Víctor García Nebreda, secretario general de la patronal Aevecar, que agrupa a vendedores de carburantes y combustibles al por menor.
El mejor de los casos se refiere a las estaciones ubicadas en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, impulsadas por la vuelta al empleo presencial en muchas empresas y a los colegios. Caso contrario es el de las zonas de costa y muchas zonas rurales, incluso provincias medianas y pequeñas, donde funcionan al 60% de la demanda habitual a estas alturas del año. En agosto, el consumo de carburante cayó un 12,4% frente al mismo mes del año pasado, según los últimos datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), que cifra en un 21% la caída del consumo en lo que va de año.
“Una de cada cuatro estaciones de servicio podrían estar en peligro”, estima García Nebreda, unas 3.000 de las casi 12.000 que operan en España. A la crisis sanitaria del Covid se suma “la problemática” derivada del elevado incremento en el número de estaciones de servicio en la última década “que ha generado una saturación del mercado, con casi las mismas gasolineras que Reino Unido o Alemania, con un muy superior número de habitantes y un parque de vehículos mucho mayor”. Eso, pese a que 2019 fue el primer año en el que se redujo el número de estaciones de servicio en diez años, con siete estaciones menos, y después de que 2018 fuese un año récord, con 11.609, según datos de la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP), que agrupa a las grandes petroleras: Repsol, Cepsa, BP, Galp y Saras Energía. “Cuando el Gobierno puso fin al monopolio de Campsa en 1992, había en el país algo menos de 6.000 estaciones de servicio, un número que cada año ha ido crecido hasta donde estamos ahora, un mercado saturado”.
La Ley de Hidrocarburos de 2013, recuerda, dio alas a la entrada de muchos nuevos operadores, pues permitía ubicar estaciones sin la limitación de los planes de urbanismo de los ayuntamientos, que hasta el momento se habían mostrado algo reacios por el componente de peligrosidad. Lo que ha derivado en que muchos más players deben repartirse ahora la misma demanda, y menor teniendo en cuenta a crisis sanitaria actual. “Si hace unos años cada estación vendía 3 millones de litros anuales de media, ahora alrededor de 1,8 millones”. Alrededor de la mitad de las nuevas incorporaciones de estos años son estaciones no atendidas, unas 3.000, “que si bien operan de acuerdo a la ley, están potenciando la destrucción de empleo”. El “gran recorte “de puestos de trabajo ocurrido en los últimos años, indica el secretario general de Aevecar, se debe en parte a que estas estaciones “juegan con la ventaja de no pagar personal, lo que les permite bajar precios, de ahí que sean mal llamadas low cost”. Además, añade, suelen ubicarse junto a otras con personal y las “parasitan”.
Es curioso que en 2018 se abrieran 500 estaciones y se perdieran 2.000 empleos”.
Esta situación se ha recrudecido con la pandemia y García Nebreda estima que se podrían perder 12.000 de los 55.000 empleos, casi uno de cada cinco, “mayoritariamente puestos fijos, pues los temporales ya se los llevaron los primeros meses del Covid”. Durante los meses de estado de alarma, recuerda, la caída de demanda de carburantes llegó a superar en algunos casos el 90%, sobre todo en algunas zonas rurales y durante las primeras semanas de confinamiento. “Algunas estaciones de pequeñas poblaciones facturaban 150 euros diarios y, con tres empleados de media, no salían las cuentas”. Esto se explica porque las gasolineras fueron consideradas empresas de primera necesidad durante las primeras semanas de la crisis sanitaria, lo que les obligó a mantenerse abiertas al 100% de horario “pese a tener una demanda casi nula”. En el caso de las ciudades, la caída fue del 80% y aún menor en carreteras, del 65%, en parte salvado por transportistas.
Así lo denunció el sector ante el Gobierno, que ya en abril aprobó una orden de servicios mínimos dando un cierto respiro al sector, pues permitía que casi la mitad de las instalaciones tuviera libertad de horario, un 15% pudiera reducir el mismo hasta un mínimo de 30 horas semanales, aunque otro 37% quedaba obligado a abrir con el horario habitual. De repetirse un nuevo confinamiento, el sector pide que se permita operar en servicios mínimos, más o menos similar a las huelgas, para evitar poner en riesgo tantos empleos. “Muy pocas empresas presentaron ERTE porque con tres empleados, uno por turno, era imposible”. Para final de año “es difícil hacer una estimación porque dependerá de cómo evolucionen las restricciones de circulación, pero estas pérdidas acumuladas van a lastrar todo el año”.
Una entrevista de Beatriz Treceño publicada en Expansión
