Punto final a la puja de 38,5 millones por las gasolineras de la AP-4, año y medio después de iniciar el concurso. El Ministerio de Transportes ha cerrado la adjudicación de las tres áreas de servicio de la autopista de peaje Cádiz-Sevilla, vía que en enero de 2020 pasó de las manos de Abertis (a través de su filial Aumar) a las del Estado. El departamento que pilota José Luis Ábalos debía haber finalizado el proceso en agosto, pero fue suspendido cuando Cepsa, la segunda petrolera de España, impugnó el resultado ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). Meses después, el ministerio ha ratificado a Galp, BP y Eni como adjudicatarias de las gasolineras y restaurantes de los 93 kilómetros de la AP-4 durante los próximos cinco años.
El recurso que el grupo controlado por el fondo soberano de Abu Dabi, Mubadala, (61,5%) y Carlyle (38,5%) interpuso ante el TACRC (órgano dependiente del Ministerio de Hacienda), denunció la elección de la petrolera portuguesa como beneficiaria de la concesión del área de servicio Los Palacios, correspondiente al lote 1. Se trata de la instalación más cercana a Sevilla y el recinto por el que Transportes pedía un pago anual más elevado, de los tres en concurso. El ministerio exigía al futuro adjudicatario una tarifa de más de 200.000 euros al año, lo que supone más de 400.000 euros en el conjunto de los cinco años hasta agotar la concesión. Las estimaciones de la cartera de Ábalos para este área de servicio hablan de un volumen de negocio de 10,4 millones en todo el periodo.
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