Ante las declaraciones efectuadas por miembros del Gobierno Central en referencia primeramente a los vehículos diésel y ahora a todos los vehículos movidos por carburantes fósiles (diésel, gasolina e híbridos), dadas las consultas que los consumidores, nuestra razón de ser como empresarios, trasladan al empresariado diariamente, la Asociación de Empresarios de Automoción de Gipuzkoa (AEGA) como entidad patronal representativa de los intereses de las y los empresarios del sector, considera necesario aclarar algunos conceptos y aportar tranquilidad a la opinión pública guipuzcoana, manifestando lo siguiente:
Primero. Con independencia de otras consideraciones, lo único que existe hasta la fecha es un Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Es decir, se trata de un documento sujeto a debate parlamentario, - confiamos en que el debate se abra también a la sociedad en su conjunto -, que, posteriormente, se podrá o no convertir en Proyecto de Ley y, en su caso, en Ley, con las aportaciones y modificaciones que sean introducidas por los diferentes grupos parlamentarios.
Segundo. Creemos que conviene introducir en el planteamiento efectuado por el Gobierno, un cierto grado de moderación que contemple lo siguiente:
El futuro previsto por el Gobierno plantea un escenario basado en posiciones maximalistas que pasan del todo a la nada en la denominada “transición energética” al indicar que sólo podrán matricularse y circular vehículos únicamente eléctricos. Ni por tecnología, ni por infraestructura, ni por economía y rentabilidad, ni por la recaudación impositiva necesaria para el Estado y las Comunidades Autónomas (que sólo por el Impuesto sobre Hidrocarburos suponen cuatrocientos millones de euros en Gipuzkoa y cerca de dieciocho mil millones de euros en el Estado) parece realista el escenario propuesto; ni en nuestro país, ni, probablemente, en otros.
Es tal el cúmulo de interrogantes sobre la evolución del avance tecnológico, los tiempos y diferentes tecnologías de recarga de las baterías de los vehículos, las infraestructuras necesarias y la imprescindible uniformización de estándares internacionales necesarios respecto a dichas infraestructuras, que es prácticamente imposible prever lo que pueda ocurrir en los próximos 20 o 30 años.
Resulta, por lo demás, sorprendente, que se obligue a las estaciones de servicio, a las que en el Anteproyecto de Ley se les impone prácticamente “fecha de caducidad”, a instalar puntos de recarga eléctricos cuando su actividad puede ser no rentable abocando a un buen número de ellas al cierre si se cumpliera lo establecido en el Anteproyecto.
Tercero. Es evidente que el vehículo eléctrico, con la tecnología y cambios que conlleva, ha venido para quedarse y seguir desarrollándose, pero no podemos obviar que el número de matriculaciones de vehículos automóviles turismos es ínfimo respecto del total (4.082 vehículos turismos eléctricos puros matriculados en toda España de enero a octubre 2018 frente a 1.127.456 que componen el resto de vehículos turismos matriculados, movidos por gasolina, gasóleo, híbridos y gas). Es decir, el 0,36% del total matriculado.
Si bien parece claro que ese cambio se irá acelerando, no podemos olvidar que en España el parque de vehículos automóviles turismos supera los 23 millones de unidades de los que el 61,8%, es decir, más de 14 millones, tienen diez o más años de antigüedad, (la antigüedad media de los vehículos turismo en España ronda los 12,5 años, frente a los 8 de Alemania). Esos CATORCE millones de vehículos de más de diez años de antigüedad son los responsables de más del 80% de las emisiones contaminantes que se quieren combatir. Otro dato a tener en cuenta es que desde el momento en que la matriculación de vehículos diésel ha comenzado a descender en nuestro país, el nivel de CO2 ha aumentado. Expuesto lo anterior, parecería lógico que, si de verdad se quiere reducir la contaminación proveniente de los vehículos automóviles (no olvidemos la procedente de la industria o del sector del transporte de mercancías y viajeros), se apueste claramente por la modernización del parque y por planes que, de manera eficaz, ayuden a los consumidores a cambiar de vehículo y sustituir los vehículos de más de diez años por vehículos modernos, con independencia del carburante que utilicen para poder moverse.
