España mantiene el veto a los coches de gasolina y diésel pese a presiones de Bruselas. Siete Estados miembros, entre los que está nuestro país, han enviado un documento conjunto a la Comisión Europea dejando clara su oposición a suavizar los objetivos de reducción de emisiones para turismos y furgonetas. La industria se juega la certidumbre regulatoria y miles de millones ya invertidos en electrificación.
La carta, impulsada por Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Suecia y España, llega en plena revisión del reglamento que debe llevar al parque automovilístico nuevo a las cero emisiones en 2035. Bruselas baraja flexibilizar la exigencia: pasar del 100 % actual a un 90 % de reducción y permitir compensar el resto con combustibles sintéticos o biocombustibles de baja huella. Una maniobra que los firmantes ven como un riesgo innecesario.
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