Europa está viviendo uno de los cambios más profundos de su historia reciente: una reconfiguración de su modelo energético y económico para afrontar la crisis climática. Este proceso, impulsado por el Pacto Verde Europeo y reforzado con los objetivos climáticos para 2030, no será solo tecnológico o ambiental, será, sobre todo, social. Porque de nada servirá descarbonizar la economía si ese avance deja atrás a millones de personas.
Una de las medidas más significativas y potencialmente controvertidas del paquete Objetivo 55 es la extensión del mercado de derechos de emisión de la Unión Europea (ETS) a sectores como el transporte por carretera y los edificios, a través de lo que se conoce como ETS2. A partir de 2027, este nuevo régimen aplicará un coste por cada tonelada de dióxido de carbono emitida en estos sectores, lo que se traducirá en un incremento del precio de los combustibles fósiles utilizados para calefacción (como el gasóleo o el gas natural) y para el transporte privado particular y profesional.
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